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Con
el aval del Cabildo, se prioriza la autonomía de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción
Cancún, Q. R., a 08 de septiembre de
2024.- A
fin de redoblar los trabajos de combate a la corrupción en toda la entidad, el
Cabildo de Benito Juárez, encabezado por la Presidenta Municipal, Ana Paty
Peralta, aprobó por unanimidad de votos, la minuta con proyecto de decreto de
reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
para modificaciones en materia de responsabilidades administrativas y
reorganización que competa a la autoridad estatal.
Durante la Quincuagésima Segunda Sesión
Extraordinaria se detalló que la recién constituida XVIII Legislatura del
Estado aprobó dicha iniciativa y la turnó a los ayuntamientos para el trámite
conducente, para obtener de dichas entidades municipales el aval para la
creación de un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, que
fortalecerá, erradicará y sancionará los actos de corrupción que se presenten
en la geografía estatal.
Se explicó que algunos de los puntos
importantes de las reformas son los requisitos para ser magistrada o magistrado
de Justicia Administrativa y Anticorrupción como un proceso distinto e
independiente al Poder Judicial del Estado, mismo que contará con cinco
personas titulares de las magistraturas, y una de ellas, será el titular de la
Presidencia, designado por el Tribunal Pleno para un periodo de cinco años con
posibilidad de reelección, por una sola vez y en un periodo del mismo lapso.
Se agregaron también diversas
disposiciones que indican los requisitos que deberán cumplir las personas que
sean titulares de los órganos internos de control (OIC), además de homologar la
duración de ellos con el periodo de quien esté al frente de la Auditoría
Superior del Estado, para que esté alineado al periodo de gestión en materia de
fiscalización y rendición de cuentas, así como de responsabilidades y combate a
la corrupción.
En el mismo acuerdo, se contempla darle
plena autonomía como un órgano constitucional autónomo a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, con el fin de consolidar su
independencia y la capacidad de acción, para que se garantice su efectividad en
ese rubro y el fortalecimiento del estado de derecho.
Por último, se contempla que el nuevo
tribunal, los órganos internos de control y la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, serán los pilares en rubros como la procuración e
impartición de justicia y la política de combate a la corrupción, para que
actúen con firmeza y determinación sin miedo a represalias ni influencias
indebidas.
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